Entre junio y diciembre de 1913, se libró en Panamá una de las más extraordinarias controversias en materia de inmigración de la historia
¿Quién, cómo y cuándo introdujeron en Panamá las leyes de inmigración prohibida?
Si piensa que la iniciativa fue producto de la ‘mentalidad fascista’ del doctor Arnulfo Arias Madrid, coincide con varias de las personas a las que hemos presentado la misma pregunta .
Pero la realidad es otra.
Las leyes chauvinistas y discriminadoras han absorbido largas horas de debate en nuestros cuerpos legislativos desde el mismo comienzo de la República.
Panamá tenía dos meses de haberse separado de Colombia, cuando, el 20 de enero de 1904, la Convención Nacional Constituyente, presidida por el Dr. Pablo Arosemena, presentaba dos proyectos de ley para prohibir la inmigración china.
Se trataba, tal vez, del ideal descrito por Angel Rama en su libro ‘La Ciudad Letrada‘: como muchos otros latinoamericanos, nuestros próceres y ‘la intelectualidad oficial’, estaban determinados a occidentalizar el Istmo. Aceptaban el mestizaje indígena, al que intentaban europeizar, mientras veían con desconfianza y preocupación el futuro de una nación que incorporase costumbres y fisonomías poco conocidas.
LOS PRIMEROS CONTACTOS
El primer contacto del pueblo istmeño con los inmigración asiática se dio en la época de unión a Colombia, cuando se solicitó la presencia de cientos de trabajadores chinos para la construcción del ferrocarril y posteriormente para la del Canal francés.
En ambos proyectos, estos demostraron su constancia, entrega y disciplina, reconocida posteriormente por el ingeniero John Stevens, durante la construcción del canal norteamericano. No eran los más fuertes, pero sí los que con mayor seriedad tomaban su trabajo.
En 1903, el Gobierno Imperial Chino fue el tercero, después de Estados Unidos y Francia, en reconocer a Panamá como Estado libre y soberano.
Sin embargo, ello no fue óbice para que los chinos fuesen blanco de repetido hostigamiento de las autoridades desde el mismo comienzo de la república.
La ley 6 del 11 de marzo de 1904 —que ampliaba la inmigración restringida a los chinos, turcos y sirios—, se sustentaba en que esta era ‘una raza no asimilable a la nuestra por temperamento’ (Tratamiento de las Razas de Inigración Prohibida, Juan Tejada Mora, revista Lotería, marzo, abril de 2013).
El mismo doctor Arosemena instaba a la Convención Nacional a aprobar su iniciativa como un ‘deber elemental de patriotismo de los miembros de la Asamblea Constituyente’.
‘Nuestro país será próspero y brillante si adoptamos, entre otras medidas sabias y salvadoras, la prohibición absoluta de la inmigración asiática a Panamá y la de someter a los chinos residentes a estrictos reglamentos de policía o higiene públicas’, alega nuestro prócer.
Más adelante, entre líneas, el doctor Arosemena daba a conocer, tal vez, los verdaderos motivos de nuestros primeros legisladores: ‘la necesidad de la propia conservación (…) Los chinos son trabajadores, industriosos y económicos (…) circunstancia que nos convence aún más que cualquier otra de la necesidad de librar a nuestro pobre y sufrido pueblo de ese excepcional y audaz competidor’.
‘No queremos condenar a nuestra gente a una vida miserable y triste por sostener competencia imposible con quienes, como los adoradores de Confucio, les basta una peseta para su manutención diaria’.
SE BURLA LA LEY
Pero los chinos continuaron llegando al Istmo, en abierto desafío a la legislacion vigente. En algunas ocasiones, por descuido de las autoridades, y en otras, por iniciativas dolosas en el proceso migratorio: testigos falsos, suplantación e introducciones clandestinas.
En el año 1905, según un censo levantado por la Comisión del Canal Ístmico, la ciudad de Panamá y la Zona del Canal sumaban una población de 22 mil 547 habitantes, de los cuales 708 eran chinos (La Migración china en Panamá, Ramón Mon) (La migración china parte 2)
Tres años después, dice el historiador Omar Jaén Suárez, la ciudad de Panamá contaba con 653 empresas dedicadas al comercio. De estas, el 92% eran propiedad de extranjeros. El 79% eran propiedad de chinos.
En 1909, en gira hacia Sudamérica, el ministro chino de Estados Unidos reportó en su tránsito por el país haberse encontrado con una población de más de 3 mil comerciantes chinos, en gran parte residentes de Colón y ciudad de Panamá, donde sus actividades sobrepasaban los $10 millones anuales. ‘Las tiendas chinas a lo largo del Canal eran tan numerosas como estrellas en el cielo’, reportaba el embajador.
EL EPISODIO DE 1913
En 1912, durante la presidencia de Belisario Porras, la animosidad contra los chinos aumentó hasta el punto que el diputado Modesto Justiniani presentó un proyecto de ley que pretendía la expulsión de todos los chinos del país.
El proyecto no se llegó a concretar como Justiniani lo había propuesto, pero en su lugar surgió el Decreto 2 del 11 de enero de 1912, que establecía la necesidad de ‘ vigilar debidamente a lo chinos a fin de impedir que la ley 6 de 1904 sea burlada’.
En el año 1913, uno de los más duros para la colonia china de Panamá, se emitió la ley 50, del 24 de marzo, que impuso contra estos la obligación de empadronarse y registrarse cada seis meses, previo depósito de $500. De no hacerlo, serían multados o expulsados. Con ello, se dio inicio a una de las controversias más importantes entre el Gobierno e inmigrantes de la historia del país.
CHINOS SE DEFIENDEN
La obligación impuesta por la Ley 50 y en general el trato que daba el país a los inmigrantes chinos estaba colmando la paciencia de estos, que se negaban a seguir las normas establecidas, especialmente la obligación de pagar $500 para empadronarse.
Los apoyaba tanto la poderosa Cámara de Comercio China como el cónsul general de China en Panamá, Owyang King, quien se encargó de cubrir los costos de una consulta a un grupo de prominentes abogados panameños.
El 9 de septiembre de 1913, la colonia china anunció públicamente, en abierto desafío a las autoridades, que no se registraría.
El gobierno de Porras estaba furioso. El 17 de septiembre, canceló el exequator (reconocimiento) del cónsul, a la vez que mandaba a quitar la placa del consulado general, aduciendo que ‘no había necesidad de hacer negocios con China’.
Owyang King tuvo que salir del país, pero los diplomáticos estadounidenses instalados en el istmo asumieron la defensa de los inmigrantes.
En un principio, el gobierno panameño suavizó su postura, pero cuando la oposición acusó a Porras de débil y condescendiente, cambió de opinión y puso un ultimátum de 72 horas para cumplir la ley o serían expulsados.
Pero los chinos se mantuvieron en su posición de desacato. Para hacer más fuerte su protesta, realizaron una masiva demostración de fuerza. Esta se realizó el 18 de noviembre, cuando cerraron sus tiendas so pretexto de ‘inventario’, dejando a la clase humilde que compraba a crédito o en pequeñas cantidades a diario sin su sistema de aprovisionamiento de comestibles.
Esa misma noche, el gobierno panameño organizó a toda velocidad una gran marcha, que reunió a mil 500 manifestantes en la plaza de Santa Ana, en la que el poeta Ricardo Miró tomó la palabra para elogiar la actitud del gobierno y exigir «mano dura» contra los insurrectos.
Para entonces, la controversia había generado interés internacional y era seguida por todas las colonias chinas de Sudamérica.
Encuesta
¿Cree usted que debe restringirse la entrada al país a determinadas nacionalidades?
La colonia china intentó llevar su caso a la Corte Suprema de Justicia, pero esta se negó a intervenir. Finalmente, la presión fue demasiado fuerte. Los chinos claudicaron y aceptaron registrarse. En un solo día se dieron 7 mil 267 inscripciones de los miembros masculinos de la comunidad.
Fue la última vez que se rebelaron contra el sistema racista y discriminador.
Episodios similares y cada vez más dolorosos se fueron sucediendo en las décadas siguientes, hasta llegar a la oscura Constitución de 1941, que en su artículo 23, declaraba que ‘la inmigración de los extranjeros será reglamentada por la ley… son de inmigración prohibida: la raza negra cuyo idioma no sea el castellano, la raza amarilla y las razas originarias de la India, el Asia Menor y el Norte de Africa’ .
Apenas dos meses después la Asamblea Nacional aprobó la Ley 24 del 24 de marzo de 1941, por la cual las razas de inmigración prohibida no podrían dedicarse al ejercicio de actividades comerciales o al ejercicio de profesiones liberales ni poseer participación accionario en alguna persona jurídica por más del 25% del capital de esta.
Las personas de raza de inmigración prohibida que estuvieran para entonces en el país solo podrían dedicarse a la agricultura o si al entrar en vigencia la ley, tuvieran invertido más de 25 mil dólares en mercancía turística o automóviles.
Estas legislaciones obligaron a los inmigrantes chinos del país a vender la mayoría de sus negocios, causándoles pérdidas por millones de dólares además de los daños morales, psicológicos y hasta físicos relacionados con no poder ganar el sustento para su familia.
Durante tres años estuvo vigente la Constitución de 1941 tras lo cual la situación mejoró aunque lentamente.
Lecturas adicionales
La Migración china en Panamá, Ramón Mon (Parte 2)
La inmigración prohibida,por Virginia Arango
Los chinos en Latinoamérica, por Diego L. Chou