“Es imposible precisar a cuánto asciende el fondo de los millones de la Posteridad”, advertía un reporte de primera plana del diario Panamá América en enero de 1938.

Una serie de rumores que circularon en el año 1937 sobre el derrumbe del rendimiento de los fondos invertidos en el mercado inmobiliario de la ciudad de Nueva York, motivó al gobierno del presidente Juan Demóstenes Arosemena a enviar a la ciudad de los rascacielos a una comisión investigadora liderada por el gerente del Banco Nacional, Eduardo de Alba.

Meses después de la partida del gerente del Banco Nacional, el diario reportaba que (Eduardo de Alba) “no ha rendido informe todavía del Fondo Constitucional… lo que basta para suponer que su estado … no es muy halagüeño“…

El estado del fondo creado con parte de los $10 millones en monedas de oro recibidos por el país, con motivo del inicio de la construcción del Canal (artículo 14 del tratado Hay-Bunau Varilla), era tan complicado, que tuvo que someterse a una auditoría profunda que permitiese arrojar luz sobre la situación de las inversiones.

La única noticia inmediata que produjo el viaje de De Alba fue el despido del abogado William Nelson Cromwell, quien, como agente fiscal de la república de Panamá en Estados Unidos, había administrado las inversiones durante 33 años. En su reemplazo fue contratado el Manhattan National Bank.

Para entonces, el Fondo Constitucional era el único lazo que quedaba con el ya octogenario abogado que había sido asesor, consejero, agente fiscal panameño y figura clave en la selección de la ruta del istmo por el Congreso de Estados Unidos.

Ya retirado e instalado en Francia, disfrutando de su fortuna, poco tiempo tenía para prestar atención a los asuntos de la República que había ayudado a nacer.

La administración del fondo panameño había sido delegada al personal de la firma Sullivan and Cromwell, aunque el contrato le asignaba personalmente la tarea al letrado, a cambio del 1% del rendimiento anual de las inversiones.

Un fondo para la posteridad

El reparto de dinero realizado por Estados Unidos, con motivo del inicio de la construcción del canal en la ruta panameña, no pudo ser más desigual. A los accionistas de la fracasada Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá le correspondieron $25 millones por unos derechos a punto de expirar. A los accionistas de la Nueva Compañía del Canal le tocaron $15 millones. A Colombia, como compensación por la pérdida de su territorio más valioso (tratado Thompson Urrutia, 1921), le otorgaron otros $25 millones. A Panamá le asignaron $10 millones. Sin embargo, ninguna otra nación latinoamericana tuvo la suerte de iniciar su vida republicana con un fondo comparable.

Con apenas 250 mil habitantes en 1903, los $10 millones recibidos en 1904 en monedas de oro, corresponderían hoy, de acuerdo con una calculadora de inflación, a $263 millones.

Cómo se gastaron los $10 millones

El primero de los $10 millones fue recibido por Panamá, como consta en la Memoria del Ministerio de Hacienda de 1906 (Patricia Pizzurno, Los Millones para la Posteridad, Revista Universidad, No. 57, 1997) y usado, de acuerdo con otras fuentes, para cubrir los gastos del movimiento separatista –entre ellos $50 mil pagados al general Esteban Huertas por su apoyo y otros $643 mil retenidos por JP Morgan por desembolsos realizados en favor del movimiento–.

Otros $3 millones fueron usados para los gastos de creación de la República, entre ellos el reemplazo del peso colombiano por dólares estadounidenses.

Los $6 millones restantes fueron destinados a la creación del fondo. Así lo estipulaba la Constitución de 1904, en su artículo 138: “Para asegurar a la posteridad parte de los beneficios pecuniarios que se reciban por la negociación para la apertura del Canal interoceánico, se reserva la cantidad de seis millones de dólares que serán invertidos en seguridades que produzcan una renta fija anual”.

Como quedara recogido en la Ley 48 de 1904, el cambio de estatus legal de la nación panameña produjo un sinnúmero de gastos y anomalías contables que nunca serán clarificados y ninguna parte del dinero recibido fue manejada con el debido cuidado, sostiene la historiadora Patricia Pizzurno

William Nelson Cromwell

La apertura del Fondo Constitucional fue una labor encomendada por el gobierno de Manuel Amador a los señores Ricardo Arias y Eusebio A. Morales, quienes en mayo de 1904 viajaron a Nueva York para tal propósito. Allí recibieron la asesoría del abogado y experto financista William Nelson Cromwell (Pizzurno), gran amigo de Panamá, bajo cuya tutela, la mayor parte del dinero fue invertida en hipotecas en 29 edificios de Manhattan.

Posteriormente, el abogado fue autorizado (decreto 89 de enero de 1905) para tomar las decisiones “a su juicio” sin tener que consultar con el Gobierno panameño y se le asignó como compensación el 1% de los beneficios anuales que se derivaran de las inversiones.

Muchos reconocimientos hacia Cromwell demuestran la importancia que tuvo durante los primeros gobiernos de la República. Además de agente fiscal de Panamá en Estados Unidos, fue comisionado para establecer el sistema fiscal de la República y hacer el cambio de moneda del peso colombiano al dólar estadounidense.

El día de toma de posesión de Amador Guerrero, en 1904, Raúl Amador, hijo del primer presidente, ofreció una cena en un elegante restaurante de Nueva York, y sus invitados fueron un selecto grupo, entre los que figuraban principalmente William Nelson Cromwell y su socio Geo H. Sullivan.

A partir de esa fecha, aunque no ocupaba ninguna posición en el Gobierno de Estados Unidos, Cromwell se convirtió en una figura constante en los asuntos de la construcción del Canal. Su oficina en la número 40 de Wall Street era considerada la oficina del Canal en Estados Unidos.

Era tanta su influencia que el gobierno de Amador le pidió que sirviera como enlace para la entrega de la primera bandera panameña (confeccionada por María Ossa de Amador) como un obsequio al presidente Teodoro Roosevelt.

En noviembre de 1904, cuando el secretario de Guerra de Estados Unidos William Taft viajó a Panamá para arreglar ciertos conflictos entre las dos naciones, Cromwell fue parte de la comitiva oficial.

Cuando Raúl Amador, hijo del presidente, protagonizó un escándalo de faldas en Nueva York en 1906, salieron a la luz pública una serie de cartas en las que se revelaba la interferencia de Cromwell en todas las decisiones que se tomaban en la Zona del Canal.

Cuando Belisario Porras asumió la presidencia del país, en 1914, y se encontró con que las arcas del país estaban vacías, acudió a Cromwell, quien hizo un préstamo de $150 mil a un interés del 5%.

En el año 1906, llamado a atestiguar en el Congreso de Estados Unidos, el senador Furnifold Simons, del Comité de Canales Interoceánicos, le preguntó a Cromwell cuál era la razón que lo motivaba a dedicar tanto tiempo a los asuntos panameños, sin que mediara una debida compensación pecuniaria. Este respondió que lo hacía “por generosidad” y “porque tenía más dinero del que necesitaba”.

Pero al parecer había algunos asuntos que sí podrían haberlo beneficiado. Cromwell se hizo famoso en su momento por cobrar la suma más grande jamás recibida por un abogado en un trámite legal a raíz de la venta de los derechos del canal francés a los estadounidenses (cobró más de $200 mil).

En 1906, el congresista Henry Thomas Rainey lo acusó de tramar la expoliación de la ‘pequeña e indefensa’ nueva república de Panamá, haciéndose con los monopolios de servicios concesionados por el Estado (electricidad, etc.), y con miles de hectáreas de bosques maderables y tierras públicas del país.

Aunque este último asunto nunca se pudo comprobar, Cromwell sí fue miembro de la junta directiva y encargado de constituir la Pan American Corporation, que posteriormente devendría como la Fuerza y Luz, y que por años mantuviera el monopolio de los servicios de electricidad y venta de hielo en la ciudad de Panamá y Colón.

Los primeros años

El primer reto a la autoridad de Cromwell en el país se dio en la Asamblea Nacional de Panamá, en 1910, cuando 6 de los 28 miembros del legislativo solicitaron que se le retirara el título de agente fiscal y se investigara la situación del fondo. La moción fue rechazada por el pleno.

Por entonces, todo parecía ir sobre ruedas. Entre los años 1907 y 1908 el Fondo Constitucional le reportó a Panamá $540 mil en intereses (Pizzurno). En los años siguientes, la anualidad era de aproximadamente $280 mil. La situación parecía halagüeña y los sucesivos gobiernos se limitaron a recibir los fondos y usarlos como garantía para préstamos. La situación cambiaría con la Gran Depresión de 1928 y otros sucesos.

Seis de los diez millones recibidos en 1904 fueron invertidos en hipotecas de edificios en la isla de Manhattan, para establecer el llamado “Fondo Constitucional” o “Millones de la posteridad”.

Con sus casi 2 millones de habitantes y una red de puentes y trenes que la conectaban con las ciudades vecinas, la estratégica isla se perfilaba como uno de los principales centros comerciales y financieros del mundo. La población crecía aceleradamente y la construcción de torres de oficinas y apartamentos no se daba abasto.

“Su decisión de invertir en hipotecas de primera clase, y no en fondos públicos, es sabia”, escribió el controversial William Nelson Cromwell, agente fiscal de la república de Panamá en Estados Unidos, al secretario de Hacienda y Tesoro, Isidoro Hazera, en una carta fechada el 5 de julio de 1907 y publicada en la Memoria de Hacienda y Tesoro del año 1908.

Esta inversión, continuaba Cromwell, “no solo da seguridad y estabilidad a la inversión de los (“sagrados”) fondos nacionales, sino que le pone a usted a cubierto de las incertidumbres y fluctuaciones inherentes a los valores de corporaciones, aunque estos sean de la más alta clase”.

Para regocijo del secretario Hazera, en 1908 se transfirieron a Panamá por primera vez $500 mil en intereses acumulados correspondiente a los años 1907 y 1908. Para el secretario, de carácter excesivamente frugal y modesto, el fondo completaba los ingresos del país de manera satisfactoria: “Suficientes son (las fuentes de ingreso) que están en vigor para cubrir los gastos necesarios de la administración pública, siempre que ella sea modesta, como debe serlo”, señalaba Hazera en la memoria mencionada.

“Así como la cordura obliga a los buenos padres de familia a ajustar las erogaciones de su casa a las entradas, y mejor aun, si se hacen de modo que estas superen a aquellas, el legislador debe obrar de igual manera con toda la república, que es la conglomeración de las familias”, continuaba el secretario.

Primeras objeciones

La conservadora mentalidad de Hazera, para quien la prudencia y lo conocido debían prevalecer por encima de “las novedades”, no fue compartida por la posterior administración liberal de Carlos A. Mendoza, cuyo secretario de Hacienda, Ramón F. Acevedo, expresaba en la memoria correspondiente al año 1910 su disconformidad con los bajos intereses del Fondo Constitucional.

“Si parte de ese capital (fondos invertidos en Nueva York) se trasladara a Panamá y se invirtiera en acrecentar el activo del Banco (Hipotecario y Prendario, fundado en 1905), ello sería fuente de mayores entradas al erario nacional, por el más alto tipo de interés que devengaría, elevándose al duplo, pues el banco ha mantenido en firme el 9% anual para los préstamos prendarios y para las operaciones de descuento”.

“Adicionalmente, continuaba Acevedo, la facilidad para obtener dinero a intereses más bajos a plazo más largo de los que ofrecen las demás instituciones análogas que existen en el istmo sería un factor de eficacia segura para el desenvolvimiento de las industrias urbanas y rurales que tan incipientes se hallan y tanta necesidad tienen de que se las favorezca con un proteccionismo sensato y positivo”.

En noviembre de 1910, en medio de un escándalo en el Congreso de Estados Unidos, donde se acusaba a Cromwell de coludir para aprovecharse de la nueva república de Panamá, 6 de los 28 miembros de la Asamblea Nacional votaron para exigir mayor transparencia al agente fiscal de Panamá en Estados Unidos. Sin embargo, el resto de la Asamblea votó en contra de incomodar al benefactor de la República, que había sido empoderado para tomar las decisiones libremente. (The Untold Story of Panama, por Earl Harding, 1959).

Se comprometen las anualidades

Durante las administraciones de Pablo Arosemena y Federico Boyd, y hasta los primeros años del primer mandato de Belisario Porras, todo se mantuvo igual. El rendimiento de 4.5% anual no era demasiado alto, pero parecía seguro, y constituía una de las principales fuentes de ingreso de la República, junto con los impuestos al consumo de licor.

Eran tiempos en que el potencial del país parecía ilimitado. El canal estaba a punto de ser inaugurado y el presidente Porras insistía en la necesidad de nuevas inversiones que permitieran aprovechar los recursos naturales.

“Panamá es un país de vastas riquezas. Su suelo solo necesita ser arañado para producir abundantes frutas tropicales; y sus montañas están copadas de cobre, plata y oro… Existen enormes extensiones de tierras altas para el pastoreo y miles de acres para el cultivo del cacao, el café, la caña de azúcar, coco, bananas, tomates y papas”, era el discurso de Belisario Porras, repetido a un corresponsal de prensa estadounidense que visitó el istmo en 1914 (The Times Democrat, 25 de enero de 1914).

Pero hacían falta carreteras y caminos, trenes y otros servicios de transporte para comunicar al país y distribuir los productos, y venderlos a los barcos que cruzaban el Canal.

Había un problema: para entonces, las arcas del país estaban vacías. El diario La Estrella de Panamá, en su edición de 10 de septiembre de 1915, alarmaba a la población describiendo “la gravedad económica del país”, que, “sin exageración (era) el problema interno más delicado de los que ha visto planteados el istmo en su vida independiente”, con potencial para poner en riesgo la misma “existencia de las instituciones”.

La Asamblea Nacional comprendió la gravedad de la crisis. La ley 44 del 5 de noviembre de 1915 autorizaba al poder ejecutivo a “suspender toda obra pública que no sea imprescindible”; aprobaba elevar hasta un 20% el gravamen de algunos artículos; reducir gastos y los sueldos de los funcionarios hasta un 5%.

Asimismo, la Ley 41 del 1 de noviembre de 1915 autorizaba la contratación de un empréstito por $1,280,000 con el fin de “atender el pago de deudas existentes contraídas con bancos de esta capital y del exterior, y el pago de acreencias contra el Tesoro Nacional, provenientes de gastos del servicio público y de la construcción de obras nacionales”.

Como garantía del préstamo, otorgado por la Metropolitan Trust Company, en diciembre de 1915, se comprometieron los intereses del Fondo Constitucional hasta diciembre de 1925.

Nueva crisis

La crisis fue superada y el gobierno de Porras logró acumular un superávit de casi $2 millones entre los años 1919 y hasta 1921, pero a finales del tercer periodo del mandatario, este nuevamente encontraba necesidad urgente de fondos para sus obras.

Esta vez se trataba de la Junta Central de Caminos, creada en 1920 (Ley 8 de 1920) con el fin de construir y mantener las carreteras de la República.

De acuerdo con las memorias de la Secretaría de Hacienda y Tesoro del año 1924., la Junta había adjudicado contratos para caminos en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, pero no para conectar estos con la ciudad capital. La realidad golpeó a los gobernantes a finales de 1922, cuando los caminos estaban casi listos.

“Era un absurdo suspender las obras en su parte más esencial y benéfica para el país entero y al mismo tiempo era imposible economizar en el presupuesto de un bienio la suma de tres millones doscientos mil balboas que ellas demandaban. En esa situación, el único recurso que le quedaba al gobierno era la consecución de un empréstito de tres millones de balboas, por lo menos, para terminar el camino desde Natá hasta Paja”, sostuvo el secretario Eusebio A. Morales, encargado de la consecución del préstamo, en la Memoria de la Secretaria de Hacienda de 1916.

Nuevo empréstito

A Nueva York viajó nuevamente Morales, acompañado de Octavio Vallarino, y con el apoyo del embajador Ricardo J. Alfaro, para intentar negociar el préstamo de $4 millones. Allí se encontraron con serios obstáculos. Panamá no tenía cómo respaldar ese nuevo préstamo. No solo estaban comprometidos los intereses del Fondo Constitucional (préstamo de 1915), sino el restante de los ingresos procedentes del Canal (anualidades de $250 mil) como resultado de otro empréstito requerido por la administración Porras para la construcción del ferrocarril de Chiriquí. Más grave aún, las anualidades del Fondo Constitucional no eran seguras ni fijas.

Finalmente, después de complicadas negociaciones que incluyeron la consolidación de las deudas, Panamá obtuvo el respaldo para una exitosa emisión de bonos colocados en Cuba, Europa y Panamá.

SE DESCUIDA EL FONDO

Para muchos, el Fondo Constitucional o millones de la posteridad ha sido sinónimo de escándalo y corrupción. Lo cierto es que los intereses generados por el fondo de $6 millones invertido en bienes raíces en la ciudad de Nueva York, hicieron posible la construcción de las obras que dieron nombre al presidente Belisario Porras entre 1912 y 1924: La Exposición, el hospital Santo Tomás, el monumento de Balboa, caminos y carreteras que unieron a la ciudad de Panamá con el interior de la República, y muchos otros.

En el año 1928, otro préstamo por $12 millones tramitado por el presidente Rodolfo Chiari con el mismo respaldo permitió continuar la construcción de carreteras y abonar a la deuda externa nacional.

De acuerdo con la investigadora e historiadora Patricia Pizzurno (Patricia Pizzurno, “Los Millones para la Posteridad”, Revista Universidad, No. 57, 1997), el fondo no fue atendido con la debida atención por los sucesivos gobiernos de la República.

Al parecer, el problema radicó en la excesiva confianza puesta en el abogado William Nelson Cromwell, de la firma neoyorkina Sullivan & Cromwell, visto durante los primeros años de la República como “benefactor de la patria”.

Estalla la Gran Depresión

Las primeras muestras de sana desconfianza hacia la labor de Cromwell surgieron a raíz de la Gran Depresión de 1929, cuando la república de Panamá nombró, por primera vez en 25 años, una comisión para inspeccionar las propiedades a las que se había asegurado una hipoteca en Nueva York.

Después de varios meses de estadía en la ciudad de los rascacielos, los señores comisionados Julio Quijano, subsecretario de Hacienda y Tesoro, y el doctor Carlos Icaza dieron el visto bueno a la gestión de Cromwell.https://c38a3e1669a200b04dc41c63ce5a5e94.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Para entonces, a pesar de la crisis, la tasa de interés se había elevado desde el 4,5% promedio de los primeros años hasta 5,066% y 5,375%, produciendo $614,480 en el año 1929.

No obstante, el informe rendido por los comisionados advertía de que “algunas inversiones pueden y deben mejorarse” y que el gobierno debía establecer “un sistema de supervigilancia”, sobre todo porque el responsable del fondo, con autoridad para tomar las decisiones sin consultar con la República, pasaba largas temporadas fuera de Estados Unidos y había delegado la administración del fondo en personal de su firma de abogados, Sullivan & Cromwell .

“Son personas honorables y competentes”, decían los comisionados, pero habían tomado algunas decisiones poco acertadas.

Basado en sus recomendaciones, el gobierno decidió establecer controles (Decreto 31 del 19 de marzo de 1937). En adelante, la Contraloría General de la República llevaría un registro de todas las operaciones de hipotecas.

En realidad, en 1929 era muy temprano para ver los efectos del malestar económico, que apenas empezaba. Durante los próximos años, la economía estadounidense continuaba deteriorándose y la crisis se expandía a la mayor parte de los países del mundo. El comercio internacional descendía entre un 50% y un 66%, y con ellos caían las rentas nacionales, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales, y los precios.

Aun así, entre el 1 de julio de 1930 y el 30 de junio de 1932 el fondo rindió $614,480 en intereses, una de las tasas más altas registradas hasta entonces.

Sin embargo, para 1934 ya el fondo empezaba a mostrar señales de decaimiento. Para ese año arrastraba casi $200 mil en intereses no cobrados. Ocho propiedades, con un valor agregado de $783,500, debieron rematarse y las pérdidas absorbidas por la república de Panamá (Patricia Pizzurno).

En 1936 los intereses no pagados se elevaban a $400 mil.

La situación provocó una crisis en la Asamblea Nacional. A mediados de 1936, el diputado Alfredo Alemán denunció ante el cuerpo legislativo la manera poco formal como el agente fiscal Cromwell manejaba los millones. En medio de críticas y discusiones, se expidió el Decreto 192 del 20 de noviembre de 1936, que nombraba a una “nueva comisión fiscal para que se encargue de estudiar y arreglar de manera definitiva la administración de los fondos”.

Ocho años después de la primera inspección, los señores Eduardo De Alba, gerente del Banco Nacional, y el secretario de Higiene, Leopoldo Arosemena, viajaban a Nueva York para contratar a un perito evaluador, quien después de varios meses de trabajo logró descifrar el estado del fondo, presentado en la Memoria de la Secretaría de Hacienda y Tesoro de 1938.

En esta ocasión, el informe fue altamente crítico de la labor de William Nelson Cromwell. Según los comisionados, el abogado “había dejado de dedicarle a los préstamos efectuados con el Fondo Constitucional la atención y honradez que eran de esperarse”.

Después del crash de la Bolsa de Valores, las operaciones inconvenientes para la República se habían multiplicado hasta el extremo de que la suma de $6 millones, en lugar de apreciarse, se había depreciado por $1,800,000. “Nos ha producido la impresión de que el Fondo Constitucional se estimaba como una cloaca que tenía por misión absorber todos los desperdicios”, dijeron los comisionados en el informe, revelado en julio de 1938.

A raíz de los hallazgos, el gobierno extendió un ultimátum a Cromwell: o se encargaba personalmente del fondo o renunciaba. Este, ya octagenario y radicado en Francia de forma definitiva, prefirió renunciar, alegando que “la reciente depresión de valores inmuebles, de naturaleza sin precedentes reconocida por los gobiernos del Estado y el Federal como una calamidad nacional por medio de la Ley de Moratoria y otras leyes restrictivas ha repercutido indudablemente sobre ciertos valores hipotecarios de la República”. (Patricia Pizzurno)

Pero de acuerdo con los comisionados, se trataba de negligencia y consideraron que debía pedírsele a Cromwell el reembolso de $1,800,000 en pérdidas. Además, recomendaron rematar todas las propiedades que tuvieran intereses vencidos, así como utilizar los millones de la posteridad para la amortización de la deuda externa.

Nuevo agente fiscal

En reemplazo de Cromwell, el gobierno nombró a The Chase National Bank of the City of New York como agente fiscal en Estados Unidos, en enero de 1938. Con este nuevo administrador, las hipotecas se sanearon y se redujo la mora, pero entonces empezó otro inconveniente: empezaba la II Guerra Mundial y la inversión en bienes raíces se hacía menos ventajosa. Las tasas de interés bajaban y, con ello, el fondo siguió decapitalizándose mientras los intereses bajaban.

Para 1940, la tasa de interés se había reducido hasta el 3% con un rendimiento de $168,000 anuales. Si en 1930 los 6 millones producían $317,880 al año, para 1940 no representaban más de $160,000.

Las decisiones del presidente Arnulfo Arias

Así estaban las cosas cuando el doctor Arnulfo Arias asumió la presidencia de la República el 1 de octubre de 1940. Nueve días después, el 9 de octubre, se aprobaba la Ley 6 del 9 de octubre de 1940, que autorizaba al poder ejecutivo contratar los servicios de un abogado para que presentara contra William Nelson Cromwell “la demanda o demandas necesarias hasta obtener las cantidades de dinero que se consideran perdidas en virtud de inversiones del Fondo Constitucional sin suficientes garantías”.

El gobierno de Arias decidió no invertir más en hipotecas en Nueva York y vender las propiedades que poseía cuando se presentara una oportunidad favorable. A partir de entonces, todos los intereses se usaron para amortizar la deuda externa de la República.

Se intentó destinar el saldo disponible del fondo con el mismo fin, pero se encontraron dificultades jurídicas por la interpretación del contrato con el Chase National City Bank.

Se liquida el fondo

Los gobiernos de Ricardo Adolfo de la Guardia (1941-1945), de Enrique A. Jiménez (1947-1948) y de Domingo Díaz (1940-1949) no tomaron decisiones que desviaran el rumbo. Se necesitaría que el doctor Arias volviera a la Presidencia en 1950 para que se renovara el interés de liquidar el Fondo Constitucional. Para entonces, el capital del fondo sumaba $3,232,652

En julio de 1952, el Consejo de Gabinete aprobó facultar al agente fiscal en Estados Unidos para que procediera a vender, mediante licitación, todas las hipotecas y propiedades.

El Chase invitó a 47 firmas de Nueva York para que hicieran propuestas de compra sobre 50 hipotecas del Fondo Constitucional hasta el 10 de diciembre de 1952. Solo hubo siete ofertas, la mejor de las cuales fue por $1,78,537, equivalente al 87,5% del valor de las hipotecas en venta, que era poco más de 2 millones.

Las restantes ocho propiedades del Fondo, que representaban más de medio millón de dólares, fueron vendidas a lo largo de 1953.

En 1954, la República recibió la última remesa de los $6 millones, consistentes en $31 mil como saldo de liquidación.

En los 48 años transcurridos entre la inversión de los fondos hasta su cierre en 1952, los intereses habían reportado a Panamá más de $11 millones 420,000.

A través de esta investigación no se pudo encontrar en los archivos públicos más información relativa a la demanda que el presidente Arias propuso se hiciera a William Nelson Cromwell. en 1940.