La nacionalización de la Fuerza y Luz

Hasta la década de los 70, los servicios de energía eléctrica y telefonía de la zona interoceánica eran proporcionados por una compañía norteamericana.

El día 31 de mayo de 1972, nueve oficiales de la Policía Secreta y de inteligencia de la Guardia Nacional se presentaron con aire prepotente y amenazador en las oficinas de la Compañía Panameña de Fuerza y Luz, en el Edificio Avesa de la Vía España.

Tras poner pie en el edificio, invadieron, sin pedir permiso, el despacho del gerente general de la empresa de servicios de electricidad y telefonía, el cubano Serafín G. Menocal.

“¿A qué se debe su visita?”, preguntaría el personal de la empresa al grupo de uniformados cuya presencia no parecía presagiar nada bueno.  

“A partir este momento el Gobierno está manejando la compañía”, habría informado el líder del grupo de visitantes, mostrando una copia del Decreto Ejecutivo 109 del 29 de mayo, que cedía el  control de la Fuerza y Luz al Estado, hasta tanto la empresa (a) no emitiera el pago de $2 millones en deudas pendientes a Texaco y Esso Standard Oil (que habían pedido apoyo al Gobierno para cobrar la deuda) y (b) presentara un plan de expansión de los servicios de telefonía y electricidad para los próximos cinco años.

“Con gusto cancelaremos las deudas pendientes al Gobierno de Panamá tan pronto como este nos pague lo que nos debe”, sería la respuesta del personal de la empresa. La cuenta era de entre $2 y $3 millones en cuentas atrasadas de electricidad y telefonía.

Pero la Compañía de Fuerza y Luz no estaba para reclamos. Las disposiciones del decreto eran claras. De no cumplir con sus disposiciones en los próximos 30 días, el Gobierno intervendría la empresa de forma definitiva.  

PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL

En tiempos de creciente nacionalismo en América Latina y con la experiencia cubana todavía reciente, los accionistas de la Fuerza y Luz debieron temer por sus inversiones de más de $70 millones en Panamá, con ganancias por el orden de los $6 millones anuales.

En los días siguientes, volaron al país tres altos directivos  de la compañía Boise Cascade, propietaria del 89% de las acciones. Con ellos venía el mismo presidente corporativo, Robert V. Hansberger, quien recibió las más amables atenciones del entonces jefe del Ejecutivo, Demetrio Lakas.

Según un reporte medio burlón del diario  NYT, fechado el 16 de junio, el panameño insistía en llamar al ejecutivo «Bobby» y en que este lo reciprocara con el apodo de «Jimmy».

Tal vez lo que pretendía el presidente Lakas era minimizar la apariencia de conflicto entre las partes, en momentos en que las negociaciones eran seguidas atentamente por medio mundo, desde las oficinas del incipiente centro bancario panameño, hasta la ciudad de Washington.

“No creo que el gobierno pretenda iniciar un programa de nacionalización de la industria”, comentó al diario NYT el profesor Víctor Cruz Urrutia, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Gas y Telefonía, nombrada por el gobierno del general Omar Torrijos para dar seguimiento al sector.

Pero Urrutia también reconocería al mismo medio que había “muchas y profundas divisiones en el Gobierno panameño con respecto a este punto” y que era “imposible predecir” qué pasaría con la Fuerza y Luz o cualquier otra compañía.   

A pesar de la amabilidad del gobierno panameño con sus contrapartes, ambos grupos se acomodaron en sus respectivas posiciones y después de varios días de conversaciones, los ejecutivos de la Boise Cascade salieron abruptamente del país.

ANTECEDENTES HISTORICOS

Contrario a como lo presentaban los medios de comunicación estadounidenses al mundo, el forcejeo entre el gobierno panameño y la compañía de Fuerza y Luz no era una ocurrencia de la junta provisional de gobierno, alentada por la infiltración comunista en los círculos cercanos al general Torrijos. Se trataba más bien de un problema que se extendía a más de una década de tensiones.

El tema había llegado a casi punto de ebulllición en la década de los 50, a medida que aumentaba en el país el nacionalismo y la desconfianza hacia los inversionistas extranjeros, a quienes se veía como explotadores y «ladrones de divisas». De hecho, los sectores más inquietos de la población mantenían entre sus consignas el llamado a nacionalizar la compañía que mantenía un monopolio de los servicios en la zona interocéanica.

ORÍGEN DE LA FUERZA Y LUZ

El servicio de electricidad en Panamá empezó a funcionar desde la última década del siglo XIX, suplido por plantas de energía de baja generación y capital local y norteamericano, que porporcionaban el servicio en horas del anoche.

Eran empresas relativamente pequeñas hasta que, en diciembre de 1916, llegó al país el norteamericano Henry Whalas Catlin, con deseos de abrir un negocio a gran escala.

En tiempos en que los gobiernos del país cedían ventajosos contratos a compañías extranjeras, Catlin, con la ayuda del subsecretario de Fomento Ramón L. Vallarino, convenció al gobierno de Ramón Maximiliano Valdés de asignarle las mayores ventajas (Contrato No. 2 del 13 de enero de 1917) .

El que con el tiempo sería llamado «Concesión Catlin» cedía al concesionario y a sus sucesores los derechos para el suministro y distribución de energía eléctrica y comunicaciones telefónicas. Le permitía usar  tierras nacionales y municipales, caminos, calles, plazas y demás lugares públicos para sus instalaciones y aprovechar las aguas corrientes sin tener que pagar impuestos o derechos municipales. El contrato no podría ser  modificado ni reformado sin el consentimiento escrito de las partes. Y lo mejor de todo para Catlin: era a perpetuidad.

Sorprendentemente, la empresa de Catlin nunca llegaría a operar. Al tiempo que este ciudadano estadounidense lograba hacerse con su contrato, vendía sus derechos a la Compañía Panameña de Fuerza y Luz, simultáneamente registrada en el estado de Maine, Estados Unidos.

La compañía se instaló en el país ese mismo año, implementando desde el principio una estrategia agresiva de adquisición de las pequeñas empresas de capital panameño y norteamericano que todavía operaban – la Panama American Corporation, la Colon Electric and Ice Supply Company, la Isthmian Telephone Company, la Panama Telephone Co. -.

En 1917 la compañía constituía un monopolio en los servicios de electricidad, gas, hielo y telefonía de las ciudades de Panamá y Colón.

Para 1972, la empresa tenía unos 200 mil clientes.

LA PROBLEMÁTICA CONCESIÓN

En las primeras décadas de la República, no se percibía ninguna anomalía alrededor de la Concesión Catlin, un contrato sustentado en la constitución liberal de 1904, que no atribuía al Estado ninguna obligación de carácter social.

En teoría, la concesión Catlin estaba para proveer rentas al estado, en el orden fiscal y general, y no para suplir obligaciones de servicio público. Sin embargo, la ley sí reconocía la naturaleza monopolística de este tipo de empresa al imponer un límite de restricción a las ganancias del 8.75% (Víctor Cruz Urrutia, Revista Lotería, julio de 1972).

Todo cambiaría con la adopción de las constituciones de 1941 y 1946. Esta última, sobre todo, establecía en su artículo 227 que el estado debía intervenir en las empresas privadas para hacer cumplir los fines de «justicia social».

En ese sentido, el Estado tenía el derecho y la obligación de regular las tarifas de los servicios y los precios de los artículos de primera necesidad, exigir eficacia y coordinar servicios y producción

Bajo esta perspectiva, se empezó a ver con preocupación el lento avance de la cobertura de servicio eléctrico y de telefonía en el país.

En 1960, solo el 43% de las viviendas del país tenían alumbrado eléctrico. En Coclé, apenas lo tenía el 15% de las viviendas; el 36%, en la provincia de Chiriquí; 16%, en la provincia de Darién; 18%, en Herrera; 11%, en Los Santos y 8% en la provincia de Veraguas.

En las provincias de Panamá y Colón, área cubierta por la Fuerza y Luz, la penetración de los servicios era, en cambio, del 81% y 66%, respectivamente (lo que permitiría pensar que el servicio de la compañía era satisfactorio en este aspecto. No lo era, sin embargo, en el servicio telefónico, el cual operaba sistemáticamente en la zona canalera con más de seis mil (6.000) solicitudes insatisfechas y obligaba a esperar por cuatro, seis y hasta doce meses para la instalación del servicio -Rv. Lotería-).

SE CREA LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

A fines del año 1957, el gobierno de Ernesto de la Guardia creó la «Comisión Nacional de Energía Eléctrica» con el objeto de regular el sector.

Entre otras cosas, la comisión debía analizar si era viable legislar por encima de la Concesión Catlin.

De acuerdo con el mencionado reporte escrito por Urrutia para la revista Lotería, «prestigiosos abogados panameños, formados en la más pura tradición civilista, miraban la Concesión Catlin de 1917 como un contrato civil, de esos que son ley entre las partes». Según ese criterio, «el estado no podía intervenir en los negocios de la Fuerza y Luz».

Sin embargo, la investigación de la propia comisión encontró sustento para una nueva legislación: desde el siglo XVIII, el derecho anglosajón reconocía la necesidad y derecho del soberano a fijar los precios a las actividades monopolísticas de servicio público, por encima de los contratos.

Por su parte, los países regidos por el concepto de la norma civil también reconocían, desde fines del Siglo XIX, el derecho del Estado Soberano a regular unilateralmente las tarifas, independientemente de la existencia de contratos (Urrutia, 1972).

Bajo esta posición, la Comisión de Energía Eléctrica formada por el presidente de la Guardia emitió el Decreto Ley 3 de 1958, que establecía varias restricciones a la concesión Catlin  y buscaba términos más favorablesse para el país, especialmente, cancelar su condición de «perpetuidad».

Pero la situación política y económica del país se complicó tremendamente en los últimos años de gobierno de De la Guardia, demorando la aprobación del reglamento hasta mayo de 1960. Para entonces, el partido gobernante era derrotado por una alianza presidida por el Partido Liberal (Roberto Chiari).

A partir del mismo momento en que se terminaron de contar los votos y se declaró a Chiari presidente electo, la Fuerza y Luz hizo caso omiso de la Comisión, hasta el punto de no contestar las cartas que su director le dirigía (Urrutia).

En 1961, la Fuerza y Luz interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos del Decreto ley 3 de 1958. El fallo fue favorable a la empresa. Seguía la concesión  Catlin vigente para la Fuerza y Luz, aunque las compañías de electricidad privadas existentes en otras áreas del país si se regían por el nuevo decreto ley.

En 1964, el gobierno de Roberto Chiari intentó implementar nuevamente el Decreto Ley, pero otra demanda de la empresa impidió que siguiera adelante. Durante el gobierno de Marco Robles no se adelantó nada sobre el tema. 

Los problemas apenas empezaban.

FUERZA Y LUZ, OBSTÁCULO PARA EL IRHE

“Queremos un IRHE sano y fuerte en todos sus aspectos. En lo moral, en lo filosófico y patriótico, en lo técnico y financiero. Esta institución necesita fortalecerse para cumplir con su propósito de brindar servicios de electricidad y energía a la población del todo el país”.

“Creemos que la única forma de obtener los ingresos necesarios para cumplir esta misión es entrar a servir los mercados más redituables de la República: los de Panamá y Colón, mercados que son panameños y que, de hecho, son nuestros”.

Así se expresaba el ingeniero Marco J. de Obaldía, director del Intituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) al ser citado ante la Asamblea Nacional de la República en junio de 1968, con el fin de rendir cuentas al país sobre su gestión.

Habían transcurrido siete años desde que el presidente Roberto Chiari creara la institución, encomendándole la misión titánica de llevar energía y comunicaciones a más del 65% de la polación del país que todavía no podía disfrutar de estos beneficios asociados al progreso del siglo XX.

Con sus palabras, de forma velada, de Obaldía denunciaba el mayor obstáculo a los planes del IRHE: la Compañía Panameña de Fuerza y Luz, una empresa de accionistas estadounidenses que mantenía el monopolio de servicios de electricidad, telefonía y gas en las provincias de Panamá y Colón.

Mientras que las pequeñas compañías privadas de servicios de electricidad y telefonía que servían el interior de la República estaban regidas por el Decreto Ley No. 31 de 19578, la relación entre el Estado y la Compaía de Fuerza y Luz estaba atada a la llamada Concesión Catlin, un contrato “a perpetuidad” firmado en el año 1917.

Aunque los gobiernos de Ernestito de la Guardia (1956-1960) y de Roberto Chiari (1960-1964) habían intentado normalizar la situación de la Fuerza y Luz, la Corte Suprema de Justicia había fallado siempre a favor de la compañía, poniendo la Concesión Catlin por encima de la Constitución y las demás leyes de la República.

Pero la suerte de la empresa, propiedad en un 90% de las estadounidenses Boise Cascade y Ebasco, estaba a punto de cambiar.

ENTRA EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO

El gobierno revolucionario del general Omar Torrijos solo tenía dos meses en el poder cuando decidió reorganizar la Comisión de Energía Eléctrica, Gas y Teléfonos creada por el gobierno de Ernestito de la Guardia para regular los servicios públicos.

La comisión se instaló en enero de 1969 presidida por el profesor y ex ministro Víctor Cruz Urrutia y empezó a trabajar de forma acelerada.

Ya para mediados de año había emitido las resoluciones No. 17 del 17 de julio de 1969 y 31 del 27 de agosto de 1969, que denunciaban y castigaban algunas de las prácticas contables de la Fuerza y Luz.

La comisión regentada por el profesor Urrutia había encontrado que entre los años 1960 y 1970 la compañía había ingresado más de $5 millones por encima de las ganancias de 8.75% sobre la inversión permitidas por la Concesión Catlin.

Siguiendo las instrucciones de la Comisión, entre 1970 y 1971, la empresa ofreció descuentos y rebates a sus clientes por un valor de $3.6 millones, para compensar el exceso de ganancias retenidas.

Pero, la Comisión no se quedó allí. Cuando Urrutia intentó imponer un cambio a la cláusula de perpetuidad del contrato por una concesión de 35 años, la empresa decidió presentar un reclamo ante el sistema de justicia panameño que históricamente le había favorecido.

La Fuerza y Luz solicitaba una revisión de los métodos utilizados por la Comisión para calcular las ganancias.

Por primera vez, la Corte Suprema falló en su contra.

EMPIEZAN LAS NEGOCIACIONES

Con las presiones del gobierno en aumento y la corte en su contra, a la empresa decidió sentarse a negociar.

El gobierno insistía en la eliminación del carácter de perpetuidad de la concesión. La compañía pedía que se le relevase de la obligación de seguir ofreciendo rebates y descuentos a sus clientes y que se le aumentase su límite de ganancias hasta el 10%, ya que, supuestamente, el retorno de 8.75 % era insuficiente para continuar la expansión de sus servicios.

Las negociaciones no adelantaban. Tanto el gobierno como la empresa se negaban a ceder. En marzo de 1971 las conversaciones se estancaron.

En julio de ese año, en una medida que el Estado panameño consideró un intento de extorsión, la empresa anunció que el deterioro de su situación económica la obligaba a cancelar sus planes de expansión y a su descontinuar el poco lucrativo servicio de gas (sin dejar un sustituto a sus usuarios).

En febrero de 1972, anunció que suspendía los pagos a Texaco y Esso Standard, sus mayores suplidores de combustible, dejando deudas por $2 millones.

Las medidas de presión de la empresa empezaron a causar daño a la economía del país. Los pedidos de nuevas instalaciones eléctricas para edificios y residencias recién construidos no se satisfacían; las solicitudes de nuevas líneas eléctricas aumentaban su histórica morosidad. Las compañías de petróleo se quejaban ante el gobierno.

Pero la Fuerza y Luz planteaba su caso ante la opinión pública, presentándose como víctima de la persecución del gobierno militar. En una serie de anuncios publicados en los diarios del país advertía que las acciones del gobierno estaban erosionando su posición económica. No solo sus ganancias habían ido disminuyendo progresivamente ($3.7 millones en 1969; $2.7 millones en 1970 y $1.75 milllones en 1971). De seguir la tendencia, la empresa pronosticaba que para 1972 solo podría reportar $700,000 a sus accionistas y que en el año 1973 tendría pérdidas. 

LAS GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA

En mayo, la Comisión entró en la batalla de relaciones públicas. En los diarios La Estrella de Panamá y El Matutino, correspondientes a los días 25, 27, 29 y 30 del mes de mayo fue desmontando todos los reclamos de la compañía.

Para empezar, sostenía la comisión, la supuesta disminución de las ganancias era un simple juego contable. Los excedentes de ganancias acumulados obligaban a la empresa a nivelar su posición a partir del año 1971.

“Los directores de la empresa arguyen que la ganancia que garantiza la ley panameña es insuficiente para su expansión… .y quiere que se le aumente a 10%”, decía la comisión. “Lo que no dice la empresa es que el porcentaje anual de ganancia que obtiene en Panamá es superior al promedio anual de empresas similares en los Estados Unidos y que estas compañías siempre han podido, y pueden, hacer frente a las necesidades de sus respectivas áreas de concesión”.

La comisión de Urrutia citaba las estadísticas de la Federal Power Commission de EEUU: en 1970, solo 18 empresas de las 187 empresas eléctricas más grandes de ese país habían ganado más del 8.75 % sobre su capital neto invertido.

“La estrechez del régimen económico que imponen las leyes panamenas alegada por Fuerza y Luz es totalmente inexistente y no puede ser la causa de las dificultades financieras de esta compañía, si es que en realidad tales dificultades existen”.

“Cuando la Fuerza y Luz hace una donación a la Cruz Roja, la suma donada se carga a Gastos de Explotación y no salen de la ganancia autorizada de la empresa. Cuando ésta patrocina un programa televisado, la erogación correspondiente también se considera gasto y no se rebaja de la ganancia autorizada. Si un fulano cualquiera se roba la corriente, el valor íntegro de la corriente robada es un gasto que la compañía recobra antes de que se le compute el monto de su ganancia. Son, pues, los clientes de la empresa quienes donan, quienes patrocinan y a quienes se les roba”.

Otro cargo que hacia la comisión era que la Fuerza y Luz, como otras compañías de Norteamérica -antes de que fuera prohibida allá por las comisiones regulatorias-, transfería ganancias adicionales a su casa matriz a través de oscuras transacciones contables que inflaban el valor de supuestos servicios brindados desde el extranjero.

De acuerdo con la Comisión, en el año 1971 la Fuerza y Luz había pagado a sus compañías tenedoras una partida de más de medio millón de dólares por supuestos servicios de Asesoría y Dirección Técnica.

Ese pago de más de medio millón en un año, decía la comisión, era más de lo que la empresa pagaba en “los sueldos de sus más altos ejecutivos y técnicos y de todo el personal de oficina que casi que llena completamente el flamante Edificio Avesa”.

La comisión estimaba que al menos $350 mil de las transferencias en concepto de “asesoría y dirección técnica” eran ganancias encubiertas y se negaba a reconocerlos hasta tanto no fueran justificados con claridad.

Otro punto que destacaba la comisión en los medios de comunicación del país era que desde 1969 la Boise Cascade obtenía de la Fuerza y Luz utilidades muy superiores a las que había logrado en Norteamérica en los últimos tres años. Según un registro de la Revista Fortune, en 1969 la empresa había obtenido de Panamá el 22% de sus ingresos mientras que de sus operaciones en Estados Unidos solo había obtenido 9.8%. En 1970, la proporción era del 15% y 4.9%, respectivamente, mientras que en 1971 era de 8.86% y 0%.

“Se deduce entonces, que cuando los personeros de Fuerza y Luz afirman que la compañía necesita mayores ingresos para atraer nuevos capitales lo que están diciendo es que quieren mayores ganancias en Panamá, cosa injustificada, aunque explicable en vista de los reveses que han sufrido sus negocios no regulados en Norteamérica”.

“La Fuerza y Luz solo piensa en sus intereses y ventajas económicas y se olvida del bienestar social que debe ante todo satisfacer como empresa de utilidad pública que es”.

Finalmente, en un comunicado emitido el 1 de junio de 1972, el gobierno anunciaba: “Ante los hechos enunciados, se dan las circunstancias previstas del Artículo 49 de la Constitución Nacional, es decir, un interés social urgente que exige medidas rápidas para conjurar el peligro que un paro eléctrico y la paralización de las inversiones representan. El gobierno considera que la medida más adecuada y prudente ante la situación angustiosa para el país provocada por la Compañía Panameña de Fuerza y Luz, es la ocupación de todos los bienes e instalaciones, activos y pasivos”.

La ocupación se verificó ese mismo día.

Un mes después las partes no habían podido alcanzar ningún acuerdo, por lo que el Gobierno emitió el decreto de Gabinete 105 del 29 de junio de 1972 que autorizaba la adquisición de todos los bienes e instalaciones pertenecientes a la Companía Panameña de Fuerza y Luz.

En septiembre de 1972, finalmente se llegaba a un acuerdo de compra. La empresa recibiría una compensación de $22 millones en efectivo.

El gobierno del general Torrijos fortalecía su control sobre la economía nacional y los destinos del país.

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