Cuando el país entero pedía su renuncia o destitución, el presidente Ricardo Adolfo de la Guardia aceptó la medida que había rechazado antes insistentemente: una constituyente originaria
La Constitución de 1941 nunca fue considerada por los panameños como la verdadera expresión de su voluntad. A pesar de sus importantes contribuciones, sobre todo la incorporación de los derechos sociales, la llamada «Constitución Panameñista» tenía varios puntos en su contra: había sido adoptada con excesiva premura, al margen de las normas vigentes, y supuestamente avalada por un plebicito poco transparente. Pero lo peor era su carácter esencialmente discriminatorio y divisivo.
Tras la defenestración de su promotor, el presidente Arnulfo Arias, el 9 de octubre de 1941, muchos sectores de la ciudadanía reclamaron una nueva constituyente. No obstante, el sucesor de Arias, Ricardo Adolfo de la Guardia (RADLG), siempre rechazó la idea: «Sería funesto que cada presidente hiciera su propia constitución. Ello agitaría al país innecesariamente con graves perjuicios para las actividades administrativas, el comercio y la agricultura”.
Pero lo que en un principio a RADLG le parecía inaceptable, en diciembre de 1944 terminó siendo su «tabla de salvación» y a ella se aferró en un momento en que su gobierno parecía a punto de naufragar.
PRESIDENTE CONTRA TODO PRONÓSTICO
En 1940, RADLG, político de profesión, había sido distinguido por Arnulfo Arias como secretario de Gobierno y Justicia, pero terminó asumiendo la presidencia en su lugar.
Para ello, se debió quitar de el medio no solo al presidente, sino a nada menos que a los tres designados a los que correspondía legalmente el puesto antes que a él: José Pezet, cuyo paradero «se desconocía» al momento de la destitución del doctor Arias; Ernesto Jaén Guardia, quien renunció tres horas después de tomar posesión -lo que le dio tiempo únicamente para formar el gabinete que terminaría eligiendo a RADLG-; y Aníbal Ríos, quien posteriormente reveló que había sido sometido a presiones y amenazas para mantenerse alejado de la ciudad de Panamá y de la Presidencia.
Todos esperaban que el suyo fuera un gobierno de corta duración, pero tres años después de juramentarse en el cargo, el mandatario hacía alarde de que se mantendría en el puesto –«con Ricardo Adolfo de la Guardia hasta 1947» era su consigna)- hasta que terminara el término de seis años que otorgaba la Constitución de 1941 al presidente y los diputados.
RADLG nunca había sido elegido presidente ni designado por el voto popular, pero había ejercido el cargo como el que más: durante este periodo no solo declaró la guerra a los poderes del Eje, sino que negoció la instalación de 134 sitios para la defensa (bases militares estadounidenses) y ahora pretendía ostentar el más largo periodo presidencial de la historia del país.
RECHAZO DE LA CIUDADANÍA
En el mes de diciembre de 1944, la eminente caída del régimen nazi en Alemania y de los odiados dictadores del Eje, creó un clima menos tolerante a los abusos autocráticos. Durante este mes, todos los sectores políticos del país parecían pedir el fin de la presidencia de RADLG, a quien llamaban públicamente «tirano», «usurpador», «traidor» y otros similares.
De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución de 1941, la Asamblea podía fácilmente hacer realidad los deseos ciudadanos, al nombrar el reemplazo de un presidente «en falta». Así lo anunciaron varios diputados.
El 27 de diciembre unos 15 diputados comunicaron que se disponían a nombrar a tres «nuevos designados» (presidente y vicepresidentes) tan pronto empezaran las sesiones de la cámara legislativa, el siguiente 2 de enero.
«El país atraviesa hoy uno de los más graves momentos de su historia. La opinión pública que brota del pueblo panameño es de que vuelva a imperar la normalidad constitucional en la organización y funcionamiento del Gobierno».
«Declaramos que procederemos en las sesiones de la Asamblea Nacional que están próximas a iniciarase, a dar cuplimiento a los mandatos de la Constitución y a elegir a los designados que en este próximo periodo han de regir los destinos nacionales», decía el comunicado publicado en primera plana de La Estrella de Panamá el día 28 de diciembre.
A este grupo de 15 diputados, le siguió otro de cuatro más que emitió su propio comunicado: “Un gobierno de facto, surgido en momentos angustiosos, sin ningún respaldo popular, no ha podido en el lapso de tres años, caracterizados por el criterio personalista y la falta de concepción cabal de nuestros más importantes problemas nacionales, supeditar la precariedad de su origen. Los múltiples desaciertos administrativos nos demandan, imperativamente, una acción en consonancia con el sentir de la ciudadanía, en plano de personjeros honestos y responsables».
Ya los diputados opuestos a RADLG eran una clara mayoría de la Asamblea, cuando se les unió la fuerza política más beligerante del momento: el Congreso Nacional de la Juventud, una organización formada por 51 asociaciones estudiantiles que desde hacía unas semanas había adquirido prominencia como cuerpo político nacional.
Desde su exilio en Argentina, el expresidente Arias disfrutaba de los acontecimientos y albergaba la esperanza -no secreta- de que los diputados lo colocaran nuevamente en el Palacio de las Garzas.
Pero, RADLG tenía muchos ases guardados debajo de la mesa.
Como respuesta a las advertencia de los diputados, el viernes 29 de diciembre, sorpresivamente, emitió un Decreto Ejecutivo 4 de 29 de diciembre de 1944, mediante el cual suspendió la vigencia de la Constitución de 1941, se convocaba a una Convención Nacional y se declaraba todo el territorio nacional en «estado de alerta».
Panamá estaba en Estado de Sitio.
«Golpe de Estado», gritaban los políticos de todos los partidos del país.
Los diputados de la disuelta asamblea se ratificaron en su oposición al régimen, “la más escandalosa e ignominiosa dictadura que nunca habíamos sufrido durante nuestra vida republicana”.
«Se destruye la arquitectura institucional, se establece la fuerza como única justificación, se implanta la censura de la prensa, se suspenden las actividades de una estación radioemisora, se encarcela a un grupo de ciudadanos, se persigue a diputados, se cometen tantas arbitrariedades… y en esas condiciones se asegura que el país entra en un periodo de preparación de elecciones, nada menos que constituyente», decía el editorial de un diario local.
Cuatro ministros renunciaron: José Isaac Fábrega, de Educación; José A. Sosa, de Hacienda y Tesoro; Juan Galindo, de Salubridad y Obras Públicas; y Carlos Quijano, de Agricultura y Comercio. En el Gabinete solo quedaron 2 ministros, Camilo de la Guardia, de Gobierno y Justicia, hermano del presidente, y Samuel Lewis, de Relaciones Exteriores, quien al momento se encontraba en Estados Unidos.
La presión se montaba. El 30 de diciembre, una junta de notables, constituida por políticos, abogados y comerciantes, enviaron un comité presidido por Augusto Boyd (cuñado de RADLG) a informarle al presidente que debía renunciar.
Pero el presidente se rehusó a hacerlo. En su lugar, propuso a la junta de notables formar un «Gobierno de Gabinete», representativo de siete partidos políticos, por el cual se gobernaría en coalición y las decisiones se tomarían por mayoría de voto. RADLG se comprometió a renunciar a su puesto el 15 de junio de 11945.
Finalmente, estos aceptaron. El gobierno RADL estaba salvado. Temporalmente.
GOBIERNO PARALELO
Mientras se cerraban algunos diarios y se censuraban otros; se patrullaba a la ciudad, en especial a la Universidad, los miembros más beligerantes de la Asamblea, cinco de ellos seguidores de Arnulfo Arias, y nueve más, se exiliaron en el Hotel Tívoli, de la Zona del Canal.
Ellos eran Alfredo Alemán,Saturnino Arrocha Graell, Milciades Arosemena, Luis A. Barletta, Pablo Barés, Federico A. Boyd, José E. Brandao, Julio Clement, Eduardo E. Fábrega, José Figueroa, Francisco López Linares, Pablo Othon, Pablo Pinzón, José Manuel
Varela y Simón Vega.
Desde este refugio declararon que RADLG había sido destituido. En su lugar, nombraron a Jepthta Duncan, un periodista y educador de 59 años, quien debía asumir el cargo el 15 de febrero, de acuerdo con las previsiones de la constitución.
El país estaba en zozobra. La Estrella de Panamá del 28 de enero de 1945 advertía: ‘El día 15 de febrero tendremos dos gobiernos. Nadie sabe con certeza cuál prevalecerá. Nos mantenemos en un estado de dictadura, gobernados por decreto hasta que llegue la constituyente… ante ese porvenir incierto, la ciudadanía padece de una zozobra y desorientación sin precedentes en el país. La gente duda y recela, las operaciones mercantiles se paralizan y las negociaciones encuentran obstáculos’.
HABILIDAD POLÍTICA
Sin embargo, la habilidad de De la Guardia para el juego político quedó pronto demostrada al tomar, una serie de medidas dirigidas a derrumbar a la oposición y ganarse la simpatía de grupos importantes de ciudadanos.
El 2 de febrero, emitió el Decreto No. 12, que reconocía a las mujeres el derecho de elegir y ser elegidos en la próxima Constituyente, una medida que produjo regocijo entre los grupos femeninos organizados que habían estado luchando desde la década del 20 por ganar espacio en la vida pública.
El 15 de febrero, Duncan tomó posesión en una ceremonia clandestina y nombró su gabinete. En los días siguientes, este gobierno en «exilio» intentó ganar el respaldoo popular e incluso, buscó el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, pero tras 71 días en el Hotel Tívoli, el 2 de marzo abandonaron el hospedaje zoneíta tras aceptar
la derrota de su proyecto político.
El lunes 18 de febrero, el gobierno anunciaba la elección de los jurados provisionales para las elecciones de la Constituyente.
Las mujeres, lideradas por Ester Neira de Calvo en la Liga Patriótica Femenina, y Clara González de Behringer, de la Unión Nacional de Mujeres, empezaron a organizar reuniones en todo el país para prepararse para emitir su voto y lanzarse como candidatas.
El 20 de febrero, el gobierno solicitó a la Policía de la Zona del Canal la extradición de cuatro de los diputados que desde el Hotel Tívoli habían formado un gobierno paralelo, acusándolos de «actos terroristas».
El 24 de febrero fueron arrestados once miembros del Frente de la Juventud que se preparaban para un mitin.
Bajo las medidas autoritarias del gobierno de facto, la amenaza oposicionista se fue desvaneciendo. Los partidos que adversaban al gobierno se vieron obligados a «montarse en el carro» de la Constituyente.
La suma de la población al proyecto fue dando alas a la Asamblea Constituyente. Lo que había comenzado como un acto arbitrario de sobrevivencia política, de un presidente acorralado por sus opositores, se fue convirtiendo en un movimiento nacional dirigido a la búsqueda de un nuevo proyecto de país.
