Durante los debates parlamentarios del Proyecto de Reformas Constitucionales de 1940 se consideraba despojar de su  ciudanía a 51 mil personas nacidas en el territorio nacional por razones puramente racistas. Solo seis diputados de la Asamblea Nacional se opusieron a los artículos 

La Constitución de 1941 pudo haber pasado a la historia como la más progresista e innovadora de la historia panameña, a no ser por una serie de artículos de corte racista que menoscabaron sus  aportes y  el legado histórico de los diputados de la Asamblea Nacional 1940-1944.

Entre otros puntos, el estatuto que se debatió en el Legislativo entre octubre y diciembre de  1940,  prohibía la inmigración de individuos de «raza negra cuyo idioma originario no fuera el Castellano, la raza amarilla y las razas originarias de la India, el Asia Menor y el Norte de Africa» y  despojaba de la ciudadanía panameña a decenas de miles de hijos de inmigrantes nacidos en el territorio nacional.

Los pasajes más controversiales fueron aprobados el  31 de octubre de 1940 en una sesión que hoy recordamos con el fin de identificar los razonamientos que les dieron origen y al pequeño grupo de  diputados que se enfrentaron a la aplanadora oficialista para defender sus convicciones.

SE ABRE LA SESIÓNDe acuerdo con las actas (ver http://www.constitucion.gob.pa), recopiladas por el secretario de la Asamblea Gustavo Villalaz, las labores se iniciaron a las 2:55 pm, cuando se ordenó llamar a lista para verificar el quorum. Cuando se comprobó la presencia de 29 de los 32 diputados acreditados, se declaró abierta la sesión.

La jornada se inició con una serie de actos rutinarios, tras lo cual se retomó el segundo de debate del Titulo II de Nacionalidad y Extranjería del Proyecto de Reformas de la Constitución Nacional.

Tras aprobarse el artículo 11 sin mayor problema, se procedió al artículo 12. En este punto, el secretario de Gobierno y Justicia, Ricardo Adolfo de la Guardia propuso  una pequeña modificación  al inciso b, (Ver texto original del artículo en el cuadro 1, en esta página), que de acuerdo con su sugerencia, quedaría así:

«Son panameños de nacimiento:

b) Los nacidos bajo la jurisdicción de la República, aunque uno de los padres fuera de inmigración prohibida, siempre que el otro sea panameño por nacimiento. Esta disposicion no se aplicará cuando el padre que fuere de inmigración prohibida pertenezca a la raza negra cuyo idioma originario no sea el Castellano».

La finalidad del cambio, dijo de la Guardia,  era facilitar la regulación de la  inmigración prohibida que se hubiera adaptado a la cultura nacional mientras se protegía  al país del exceso de población de ascendencia antillana que vivía en las ciudades de Panamá y Colón, en su mayoría, antiguos trabajadores del Canal, que «habían creado  un organismo extraño que crece en proporciones alarmantes con grave prejuicio de la raza nacional».

HABLA EL DIPUTADO PABLO OTHÓN

Indignado por la sugerencia del secretario de Gobierno y  por la discusión que tenía lugar, el diputado Pablo Othon (Partido Nacional Revolucionario), de la provincia de Darién, pidió la palabra.

«Yo no creo en la superioridad o inferioridad de ninguna raza”, dijo, con un nivel de enfado que contrastaba con el tranquilo ambiente imperante.

“Ese artículo tal y como está redactado establece una odiosa discriminación de razas y es antidemocrático. Les advierto que las nuevas generaciones echarán sobre los hombros de estos diputados el error de haber establecido una discriminación tan peligrosa”, señaló.

“He repasado todas las constituciones de América y ninguna de ellas contiene un artículo de esta índole”.

“Quiero ponerles el ejemplo del gobernador actual de la provincia de Darién, quien ha fundado un hogar con su  esposa, nacida en Panamá, de padre chino y madre  jamaicana. Yo les pregunto, ¿en qué condiciones van a quedar las criaturas nacidas en el seno de ese hogar? ¿Cuál será el estatus de los individuos nacidos en Panamá de padre y madre antillanos? ¿Qué será de la suerte de tantos hijos de antillanos en Bocas del Toro, Darién, Panamá y Colón?

Antes de que terminara, lo interrumpió el secretario de Comercio y Agricultura, Ernesto Fábrega.

“Quiero interrumpir para dar la razón al secretario de la Guardia. Es cierto que hay en las ciudades de Colón muchos elementos indeseables que nunca se han asimilado a la vida nacional y que se multiplicaban hasta dos veces al año. En cuanto a su pregunta, diputado Othón, le respondo que los que pierdan su nacionalidad pueden adoptar la de sus padres».

Entonces tomó la palabra el secretario de Relaciones Exteriores, Raúl de Roux, para ponerse también a favor del cambio.

“Hay algo que quiero explicarle, diputado Othón, y es que hay dos dos elementos que constituyen un país, la tierra y los hombres que la pueblan.  Un país puede ser pequeño en su territorio, pero su grandeza tendrá que proporcionársela su población”.

«Nosotros, los panameños, necesitamos de aquellos elementos llamados al engrandecimiento del país. Las razas indeseables que viven en Panamá dificultan la prosperidad nacional. Por ello, considero que este artículo es perfectamente lógico y conveniente y también democrático”, terminó de Roux.

De acuerdo con las actas del día, a continuación se expresaron a favor del artículo el  secretario de la Guardia, el secretario de Educación y Agricultura, Dr. José Pezet (Partido Nacional Revolucionario por la provincia de Coclé), y el diputado Augusto Arosemena (del Partido Nacional Revolucionario, provincia de Panamá).

Les siguió el diputado Juan Galindo, (Partido Liberal Unido,  provincia de Colón).

“Conozco muy bien cuál es la actitud de esta Asamblea, por lo que quiero aclarar que yo salvaré mi voto. Aquí nos estamos equivocando”, objetó. “Cualquier medida que se adopte en lo referente a la nacionalidad para que redunde en beneficio de la nación deberá ser integradora y no disasociadora. No votaré a favor de esta medida que solo traerá odios y divisiones en la familia panameña”, manifestó.

Galindo fue apoyado inmediatamente por el diputado Alfredo Alemán (Partido  Nacional Revolucionario, provincia de Panamá), quien alegó  enfáticamente: “Durante las campañas políticas de los últimos 20 años, los antillanos han tomado parte activa en la vida nacional. Si han sido buenos cuando los buscábamos para las elecciones, también deben ser buenos ahora. Con mi voto no se le quitará la nacionalidad a nadie”.

«En el campo atlético nos han llenado de gloria», observó el diputado José Varela, (provincia de Herrera,  Partido Nacional Revolucionario). «Recuerdo al boxeador Al Brown que se convirtió en el primer latinoamericano en ganar un título de boxeo en 1929. Recuerdo las medallas que ganaron los atletas de raza negra en los Juegos Centroamericanos y del Caribe hace dos años, en esta misma ciudad.  Yo voy a dar mi voto negativo a este artículo y si es aprobado en su forma actual, presionaré otra vez por un cambio a sabiendas de que seré derrotado».

«Esta es una conversación muy grave y trascendente y yo no veo un motivo económico que justifique este proyecto», siguió el diputado Fabián Velarde.

«Nuestro principal problema es la falta de población y no al contrario. Yo creo que si los negros antillanos no se han asimilado a la vida nacional la culpa ha sido del Estado. Ellos han nacido aquí y hasta este momento son tan panameños como nosotros y en este caso una medida retroactiva sería realmente odiosa y va a dañar la reputación de estas  reformas constitucionnales en que estamos enfrascados.  Vale la pena que el asunto se medite y se proceda con toda calma. Esto como está concebido es una injusticia», terminó.

«Por favor, señor secretario. Quiero que quede claro que yo votaré en contra», intervino el diputado Simón Vega.

Luego hicieron uso de la palabra los diputados Antonio Anguizola (Partido Liberal, Chiriquí), Humberto Leignadier, Roberto Jimenez, Augusto Arosemena y los secretarios de Estado Fábrega y Roux, quienes insistieron en que el artículo se aprobara como lo había propuesto el ministro de la Guardia.

Llegó  el momento de la votación. El artículo 12, tal y como fue presentado resultó aprobado con  veintidos votos a favor y seis en contra.

De inmediato se  procedió a discutir los artículo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 y 22 del título II. Este último era el que establecía el tipo de inmigración que el país debía promover.

Nuevamente, los diputado Velarde y Galindo intentaron  que se eliminara la frase que establecía las «razas de inmigración prohibida».  Sin embargo, los mismos diputados y secretario que habían dominado el debate antes insistieron para que el artículo quedara  como lo había presentado el Gabinete. Finalmente, fue aceptado y votado a favor por la mayoría de los presentes.

La sesión que había comenzado a 2:55 pm,  terminó a las 8:17. En cinco horas de debate se escribió uno de los capítulos más vergonzosos  de la historia del país, uno que llenaría de dolor  a decenas de miles de nacidos en el territorio nacional, que en el futuro pasarían a ser señalados en los documentos oficiales como de «nacionalidad desconocida».

Con la aprobación de los artículos 12 y 22 se desnacionalizó a 51 mil personas de ascendencia antillana nacidas en la Republicana Panamá después de 1903, quienes quedarían estigmatizados, y sujetos a todo tipo de estragos económicos y sociales.

La situación empeoraría aun más en junio de 1941, con la Ley de “Nacionalización del Comercio y leyes sobre Carnet Comercial”  que prohibió a los innmigrantes ser  propietarios de establecimientos comerciales de venta al por menor.

Si en su día las medidas fueron aceptadas por la población general está en duda. Lo que sí es cierto es que en los años sucesivos, el juicio implacable de la historia se ha colocado en contra.  Hoy, destacamos por su valentía a los diputados  Pablo Othón, José M. Varela, Juan A. Galindo, Fabián Velarde, Simón Vega y  Alfredo Alemán, quienes se negaron a  aceptar las imposiciones de su propio partido sin oponer sus argumentos y conviccciones y luchar por lo que creían justo.